En mi pequeño estudio sobre Sanlúcar de Barrameda, me pareció ver claro que había, al menos en los contratos de las gasistas de finales del XIX, una enorme distancia entre expectativas por parte de ayuntamientos y empresas gasistas y realidades. Los ayuntamientos y las empresas pensaban que el negocio privado sustentaría el alumbrado público, que los ayuntamientos nunca estuvieron dispuestos a pagar o exigían gratis. Lo cierto era que el negocio privado era raquítico y la gratuidad del alumbrado público se llevó por delante aquel privado. Los precios se elevaban y, por tanto, la base no crecía para alcanzar unos mínimos rendimientos a escala.
